Jornaleras

El sábado 9 de mayo de 2015, el uso de balas de goma y armas de fuego por parte de la policía estatal de Baja California contra jornaleros de la comunidad triqui y sus familias, en el Valle de San Quintín, así como los allanamientos de sus casas, cuartos y sitios de descanso colectivo, escaló a niveles sin precedentes un conflicto de índole laboral. La decisión del subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, de cancelar unilateralmente su asistencia a la Mesa de Diálogo que sostendría con las y los jornaleros el día 8 de mayo, fue el antecedente del enfrentamiento, el cual se suscitó a las puertas del Rancho Seco, uno de los campos jitomateros más importantes de la región. Cientos de niñas, niños, mujeres y hombres, provenientes de entidades como Oaxaca y Guerrero migran periódicamente hacia las ricas tierras de cultivo del norte del país para trabajar a cambio de unos cuantos pesos. Se les instala en campamentos donde son virtuales esclavos, expuestos a condiciones de hacinamiento, a enfermedades por el uso de pesticidas y a diversas formas de violencia por parte de capataces y guardias privados.