Diversas organizaciones civiles presentaron un informe sobre el desplazamiento forzado interno en Chihuahua. El pasado 20 de agosto se instaló una mesa permanente de seguimiento para atender a las personas y familias afectadas.
Javier Ávila, sacerdote jesuita e integrante del Comité de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, nos habló sobre esta situación de violencia que se vive en el estado: “Lamentablemente, ni siquiera el Gobierno federal ni estatal tienen estadísticas claras de lo que pasa”
“Este problema no es de hoy ni de ayer, tiene muchos años. Ha sido muy difícil que nosotros, como organizaciones de la sociedad civil, podamos entrar en contacto directo y sentarnos a la mesa con los diferentes niveles de gobierno”.