En 2012 se logró en nuestro país el reconocimiento constitucional del derecho humano al agua y su saneamiento. Sin embargo, en febrero de este 2015, el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de Ley General de Aguas con carácter privatizador que el bloque integrado por el PRI, el PAN y el Partido Verde pretendía se llevará al pleno en la sesión del 10 de marzo pasado. Ante la movilización y rechazo de la sociedad civil, el conjunto de las bancadas con representación en la Cámara Baja se vieron obligadas a posponer la discusión en el pleno.