Desde mediados de octubre, Chile es escenario de protestas. El domingo 3 de noviembre el saldo era ya de al menos 23 personas muertas y miles de heridas, cientos de detenidos y denuncias por doquier de violaciones de los derechos humanos. En estas semanas, el gobierno de Sebastián Piñera pasó de invocar la Ley de Seguridad del Estado para endurecer las penas contra los detenidos y hallados culpables de disturbios, a decretar el “estado de emergencia”, con la consecuente salida de los militares a las calles para sumarse a los carabineros, lo que no ocurría desde la época de la dictadura. De allí pasó a pedir perdón en nombre de la clase política, realizó cambios en su Gabinete y anunció un paquete de medidas sociales, entre ellas el aumento de un 20% de las pensiones en beneficio de millón y medio de personas. Pero las protestas no cesan.