En 2016, el Ejército tenía desplegadas en 24 entidades del país bases de operación para apoyar tareas de seguridad pública. Sin embargo, la presencia militar en las calles no ha significado una mejoría de la seguridad, pero sí constantes violaciones a derechos humanos. Los militares realizan esta tarea sin que exista un marco legal que los regule, pese a que desde el año 2013 presionan para que éste se dé. Hay hasta el momento dos iniciativas, en materia de seguridad interior, que han merecido el rechazo de la sociedad civil: la del senador panista Roberto Gil Zuarth y la del diputado priista César Camacho Quiróz.